Dar a conocer las competencias fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente –que comienzan a regir el próximo 28 de diciembre con el funcionamiento de los Tribunales Ambientales- fue el objetivo de la nueva reunión del Consejo de Desarrollo Sustentable de la AIA.
Dar a conocer las competencias fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente –que comienzan a regir el próximo 28 de diciembre con el funcionamiento de los Tribunales Ambientales- fue el objetivo de la nueva reunión del Consejo de Desarrollo Sustentable de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, que contó con la presencia del Jefe de División de Fiscalización (s) de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, Kay Bergamini.
En la ocasión, Bergamini explicó la labor del organismo y dio a conocer los diversos instrumentos ambientales que permitirán garantizar el cumplimiento de la legalidad. Dijo que “el SAM tiene como objetivo asegurar la protección del ambiente de manera eficaz y eficiente, mediante la fiscalización estratégica basada en aspectos ambientales específicos relativos a la tipología y al emplazamiento, dónde se evalúan los métodos de explotación, captación de agua, manejo de lixiviados y emisiones atmosféricas, depósitos de relaves, planes de contingencia, entre otros, los cuales son sometidos a los programas de control de evaluación de los organismos de competencia que califican e inspeccionan el medio ambiente”.
El Jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de la AIA, Ricardo Muñoz, explicó que para el consejo es fundamental conocer el rol de la SMA, ya que dijo su rol fiscalizador “ayuda al mejoramiento de los planes y metodologías que tiene cada empresa, de los índices de impacto ambiental que genera en el entorno, además, de asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales bajo el ejercicio de su potestad sancionadora como órgano calificador”.
Superintendencia de Medio Ambiente
La creación de este nuevo organismo se enmarca dentro de la reforma que estableció la nueva institucionalidad ambiental del país. Fue creada por la Ley 20.417, que modificó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; y que en su artículo segundo estableció su ley orgánica.
