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La elección de Gobernadores Regionales fue un hito histórico en nuestra historia republicana, estamos transitando desde el modelo de Estado unitario-centralizado, a un modelo mixto, unitario-descentralizado.  En muy pocos días nuestra región, por primera vez en su historia, elegirá a su primer Gobernador Regional. Sin duda, un gran logro de la lucha regionalista y descentralizadora de Chile. Un reconocimiento a las autoridades, parlamentarios y a la Fundación Chile Descentralizado y su capítulo Región de Antofagasta, por su aporte a este logro.

Nuestro Gobernador Regional será el órgano ejecutivo de nuestro Gobierno Regional. Será el líder ejecutivo del organismo encargado de la administración superior de nuestra región y que tiene por objeto su desarrollo social, cultural y económico. Entre sus principales funciones y responsabilidades estarán: formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos; someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo; someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional; asignar los recursos del o de los programas de inversión del Gobierno Regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente de la República; velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa; coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional; promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores comunales y seccionales; presidir el Consejo Regional; representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo.

A partir de esta elección, el Gobernador Regional y los aprendizajes de la experiencia del gobierno regional descentralizado serán las herramientas más potentes para ir perfeccionando la ley, el traspaso de competencias y recursos y, todo lo conveniente para el desarrollo de la región y el país.

La lucha de los regionalistas hizo posible conquistar este derecho. Hoy, debemos reconocer que este nuevo escenario significa grandes responsabilidades para los líderes y comunidad regional. Como ciudadanos, debemos aportar y exigir con máximo compromiso, calidad, seriedad y profesionalismo a nuestro Gobernador Regional y, al mismo tiempo, será clave contar con metodologías e instituciones como “Antofa, Cómo Vamos” para ejercer un estricto control ciudadano y auditoría social a nuestra futura autoridad.

No cabe duda que las nuevas autoridades electas y por elegir en la segunda vuelta para Gobernador Regional, enfrentaran un escenario históricamente desafiante en lo político, económico y social. El respaldo obtenido en el ejercicio democrático electoral nos convoca a los distintos actores regionales y comunales a brindarles el máximo apoyo y respaldo para una gestión exitosa.

La Región de Antofagasta debe asumir este desafiante escenario bajo una óptica positiva y propositiva, todos los actores regionales, transversalmente, debemos escuchar y aprovechar esta voz ciudadana como una oportunidad para dar un salto estratégico en el desarrollo regional. Concretamente, nuestra tarea es ir construyendo consensos que identifiquen de manera muy clara y precisa lo siguiente: las necesidades sociales prioritarias que respondan al llamado de nuestra comunidad regional; los lineamientos y principales proyectos para satisfacer estas necesidades y, las responsabilidades y compromisos de cada uno de los actores regionales para que estas iniciativas se hagan realidad.  Frente a la justa demanda ciudadana por una mayor y mejor satisfacción de las necesidades sociales de la comunidad y, de poner fin a la corrupción, abusos, cuoteo, colusión, etc., nuestros consensos deben fundarse en un compromiso robusto con los valores éticos que deben guiar el pensamiento y la acción de todos.

Reactivación económica y social, educación, salud, pensiones, salarios, vivienda, adultos mayores, empleo, empresas pymes regionales, política territorial y medio ambiente, son algunas prioridades que la comunidad ha puesto sobre la mesa y que, bajo el liderazgo de las nuevas autoridades, entre todos debemos gestionar con velocidad y eficiencia.

Profesionalización, transparencia, participación y eficiencia en la gestión pública; inversión y creación de valor compartido y compromiso con el empleo y empresas pymes regionales en la gestión de la gran industria; organización, participación, auditoría social y respeto a las normas de convivencia de parte de la sociedad civil, son algunos de los compromisos sólidos que se requieren de estos actores.

Probidad, equidad, transparencia, igualdad en el trato, reportabilidad, respeto, inclusión, son valores en que la realidad nos demuestra que estamos al debe y que cada uno de los actores regionales debemos comprometernos a practicarlos en el día a día.

Las universidades, gremios empresariales, empresas, y organizaciones de la sociedad civil, transversalmente, debemos proactivamente juntarnos con las nuevas autoridades para compartir el aporte e importancia de cada uno en esta nueva etapa y, escuchándonos, ir construyendo los consensos para la nueva realidad que emerge en esta nueva etapa de desarrollo nacional, regional y comunal.

Columna para El Mercurio de Antofagasta, domingo 23 de mayo de 2021.-

Fernando Cortez Guerra, Gerente General, Asociación de Industriales de Antofagasta

Mano de obra para el sector transporte y plazos en aduana son algunos de los temas que abordó la iniciativa, que busca contribuir a los desafíos y necesidades del sector logístico regional y sus empresas proveedoras.

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) llevó a cabo por primera vez el nuevo “Consejo de Logística”, instancia gremial que reunió a empresas proveedoras de la cadena logística con el objetivo de entregar un espacio de conversación a fin de relevar su rol en la cadena de valor del sector logístico regional.

El órgano plenario, que nació desde la solicitud de las mismas empresas socias, apuesta a ser una entidad en la que converjan los distintos puntos de vista de las empresas que se desenvuelven en los distintos niveles de la cadena logística, dando a conocer así sus necesidades y desafíos que puedan ser levantados y tratados en el ecosistema regional.

Al respecto, el gerente general de la AIA, Fernando Cortez, destacó que “como gremio queremos contribuir a este macro sistema regional para fortalecer la industria logística. Tenemos experiencia gestionando este tipo de instancias de coordinación y en este primer consejo acordamos una serie de compromisos para conocer sus desafíos y trabajar en soluciones. Nuestra voluntad está para acercar a otros actores que son de interés de la cadena logística para optimizar su eficiencia”.

Empresas socias

Durante el encuentro las empresas socias dieron luces de los desafíos más inmediatos que afectan a la industria logística, entre ellos el envejecimiento del mercado laboral de mano de obra calificada en el sector de transporte, los plazos en el proceso de agendamientos de los requerimientos masivos de agentes de aduana y el alto costo de la gestión logística en la Región de Antofagasta respecto de otros puertos nacionales, entre otros temas de relevancia para el sector.

“Consideramos que la AIA puede tener un rol articulador para coordinar a las distintas empresas que operan en la cadena logística”, señaló el gerente de Operaciones del Complejo Puerto Mejillones, Rafael Lancellotti. “Este poder de convocatoria puede ayudar a generar instancias de diálogo, tanto en el sector logístico mismo como con el sector productivo, como la industria minera, que hace uso de la cadena. En definitiva, lo que buscamos es mejorar la eficiencia cotidiana y el cómo se desarrolla la logística día a día en la Región de Antofagasta y vemos en la AIA un actor que puede contribuir enormemente en este desafío”, detalló.

Índice de Desempeño Logístico

Durante el encuentro se dio a conocer el Índice de Desempeño Logístico (LPI) desarrollado por el Banco Mundial, indicador a nivel internacional que mide el desempeño en términos logísticos en los diferentes países, que considera aspectos como la eficiencia de Aduanas; la calidad de la Infraestructura; la facilidad de Envíos Internacionales; la competencia de los servicios Logísticos; el Rastreo y Seguimiento; y la Precisión en la entrega de los envíos.

De acuerdo a la última edición del LPI (2018), Chile se encuentra en el puesto 34 a nivel internacional con una puntuación de 3,32, el mejor posicionado a nivel latinoamericano –por sobre Panamá (3,28), México (3,05) y Brasil (2,99), sin embargo, se encuentra debajo de la media de países OCDE (3,6) y de los países de la Unión Europea (3,52).

• Durante la jornada, que reunió a más de 140 personas entre empresas del rubro industrial-minero y medios de comunicación, compartieron sus planteamientos la Asociación de Industriales de Iquique (AII), la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) y la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE). En el evento realizó una exposición Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero.

Iquique 19 de mayo de 2021.- Los impactos que provocaría el nuevo royalty en la industria minera, en sus empresas proveedoras y en todos los empleos que se generan en el norte fueron parte importante de las reflexiones que analizaron las entidades gremiales de la MacroZona Norte en el conversatorio “Nuevo royalty a la minería” (VER VIDEO), en torno al proyecto que se tramita actualmente en el Congreso Nacional.

Los representantes plantearon que la discusión actual, se ha construido bajo pilares equivocados, por lo que pidieron avanzar hacia un diálogo basado en estudios, estadísticas y documentos de auditoría, entre otros aspectos.

Leopoldo Bailac, presidente de la AII, comentó que “los gremios de la MacroZona Norte nos hemos reunido para varios temas comunes, principalmente para analizar los efectos y consecuencias del actual proyecto de ley. Estamos seguros de que éste pone en riesgo la actividad privada y la viabilidad de algunas empresas mineras, con el consiguiente impacto en el empleo y en la cadena de proveedores, los pequeños comerciantes y la comunidad en general”. Añadió que la conversación es absolutamente necesaria y que el resultado que se concrete en el Congreso sobre este proyecto de ley tendrá un alto impacto en el sector minero y en las regiones de la zona norte, sus proveedores y comunidades.

En tanto, Marko Razmilic, presidente de AIA, declaró que “en el ecosistema minero nadie se ha cerrado a una conversación seria y técnica que tenga algunos parámetros ineludibles, para asegurar la continuidad minera como negocio y su atractivo para que los inversionistas puedan mantener su presencia en Chile. Por otra parte, las zonas mineras no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal, lo cual debe ser incluido en esta discusión”.

A su vez, Daniel Mas Valdés, presidente de Cidere se refirió a los efectos de la ley, advirtiendo que “ésta afecta directamente la minería que tiene costos de explotación más altos, siendo menos competitiva que la gran minería, realidad que corresponde a la mayoría de los yacimientos de la región de Coquimbo. Puntualmente en la Región de Coquimbo, la minería además de sus resultados directos, beneficia a los pequeños y medianos proveedores y otras industrias. Otro aspecto es que el fondo de convergencia, tal como está indicado, terminada la pandemia, llega muy poco a la región”. Por otro lado, resaltó que la descarbonización de la matriz y el empleo de agua de mar en los procesos mineros, se verían afectada con esta ley. Finalmente señaló, “es relevante conversar, bajar al territorio, hacer los estudios que se requirieran y posterior a ello, si corresponde, aplicar la legislación respectiva”.

Por su parte, Daniel Llorente, presidente de CORPROA, puntualizó que “los gremios de la Macrozona Norte representamos a más 700 empresas y más de 90 mil trabajadores. Para nosotros, en Atacama, la minería es nuestro motor fundamental: el 61% de la fuerza de trabajo depende de esta industria y explica el 96% de sus exportaciones. Estamos de acuerdo en que puede haber un aporte real más allá de lo que hay, pues todo en la vida es mejorable y perfectible, cuya prioridad debe apuntar a las regiones; sin embargo, vemos que el proyecto que está en el Congreso no consigue ese fin ni va detrás de ese sueño, carece de sustento técnico y la opinión de todos los actores”.

Junto a ello, Llorente llamó la atención sobre la decisión de una minera importante que opera en Atacama (Lundin Mining Corp) que anunció el congelamiento de una inversión de US$500 millones mientras en Chile no se definan las nuevas reglas del país.

Consejo Minero: Minería y el rol  que puede cumplir hacia una  economía verde

Durante su presentación, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó que, “tenemos disposición a debatir y conversar respecto a los mecanismos que permitan que el país, y en especial las regiones mineras puedan recaudar.  Nuestro llamado es a conversar con altura de miras teniendo presente el desarrollo del sector en el corto, pero también mediano y largo plazo”.

En su discurso Villarino además planteó que la economía mundial “será cada día más sustentable y demandará más cobre, más litio. Chile puede ser  un actor protagónico en la tarea de alcanzar un mundo más sustentable”.

También compartió los siguientes antecedentes

• Entre el 2000 y 2019, solo las 10 mineras privadas más grandes (que representan cerca del 72% de la producción) han pagado 45 mil millones de dólares en impuestos. Esto es un promedio anual de US$ 2.300 millones, lo que equivale al 5% de los ingresos fiscales de Chile.
• El Estado ha recaudado por el royalty minero más de 9.000 millones de dólares, considerando las 10 mineras privadas más grandes y Codelco. Esta cifra equivale a la mitad de todo el plan extraordinario de ayuda económica que el gobierno ha impulsado a marzo 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.
• Entre los años 2000 y 2019, del total de ingresos que generó la minería privada, y que corresponde a US$ 432 mil millones, el 51% fue pagado a trabajadores y proveedores; el 16% fue destinado a inversión; el 10% fue pagado en impuestos a la renta y royalty y solo el 22% restante fue retirado por los dueños de las empresas.
• Los estados financieros de las empresas mineras están auditados en Chile y en el extranjero, están en poder de Cochilco y de la Comisión del Mercado Financiero; el Servicio de Impuestos Internos es además quien fiscaliza por medio de una unidad especial de grandes contribuyentes. Toda la información anterior está disponible por transparencia.
• Oportunidad de liderar la transición mundial a una economía más verde: Chile tiene la oportunidad de ocupar un espacio privilegiado como proveedor de minerales clave para el desarrollo de una economía verde; el litio, el molibdeno, la plata y sobre todo el cobre, cumplirán un rol fundamental en cumplir con este propósito.

La actividad finalizó con una audiencia que se mantuvo expectante ante el conversatorio que se generó desde el trabajo mancomunado que han venido realizando las asociaciones gremiales del norte grande, y quedó disponible en el canal de Youtube de la Asociación de Industriales de Iquique

A.G., en el link: https://www.youtube.com/watch?v=GP11s5KDIfM&t=3172s

La actividad que se realizará este miércoles 19 de mayo a las 11 horas, vía online, tiene por objetivo analizar las implicancias y posibles consecuencias para las regiones mineras de la MacroZona Norte del país, en caso de aprobarse el actual Proyecto de Ley de royalty.

La entidades gremiales de la MacroZona Norte; Asociación de Industriales de Iquique (AII), Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), y la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), dieron a conocer la invitación al primer conversatorio relacionado a la temática, el que contará con la participación especial de Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, quien realizará  una charla expositiva de los aspectos más importantes de la discusión parlamentaria.

En este sentido, el líder de la Asociación Gremial que reúne a la gran minería, expresó su interés en participar de esta instancia de conversación. “Estas oportunidades permiten aclarar dudas y poner antecedentes sobre la mesa. Hoy estamos ante un proyecto de ley que necesita contar con mayor información, necesita un debate serio y basado en la evidencia. Las regiones mineras merecen una discusión que esté a esa altura”.

Así también, los representantes de las distintas asociaciones gremiales, hicieron un llamado a sus empresas socias y comunidad en general a sumarse y ser parte activa de esta primera actividad de reflexión.

Por su parte, el presidente de la AII, Leopoldo Bailac comentó que “esta conversación es absolutamente necesaria hoy en día. El resultado que se concrete en el Parlamento sobre esta ley, tendrá un alto impacto en el sector minero y en las regiones de la zona norte, sus proveedores y comunidades, por lo que invitamos a los asociados de nuestros gremios a hacerse parte de esta discusión e ir mirando de cerca cómo avanza este proyecto de ley y las acciones que nos compete como región minera realizar”.

En tanto, el presidente de la AIA, Marko Razmilic, indicó que “ciertamente se trata de un tema a abordar por la industria. No obstante, para nosotros es importante que se haga con responsabilidad y pensando en la sustentabilidad de un sector que provee cerca de 200 mil empleos. Por ello creemos que el gobierno debe tomar un liderazgo en esta materia y convocar a una comisión técnica que incluya las distintas visiones de la academia, gremios, pymes y comunidades, que nos permita equilibrar una propuesta responsable y proporcionada”.

Daniel Llorente, presidente de Corproa, resalta el evento como una excelente oportunidad informativa. “Creemos que este conversatorio es un evento muy importante, especialmente para la gente del norte minero, pues es precisamente esta industria la que, en nuestro caso en Atacama, genera el 96% de las exportaciones y un gran aporte al empleo regional. Nos motiva el interés y necesidad de que la mayor parte posible de nuestra población pueda entender los alcances de este proyecto de ley”.

Finalmente, Daniel Mas Valdés, presidente de Cidere, hace un llamado a las empresas regionales a estar presenten en la convocatoria. “Desde el Cidere de Coquimbo, queremos invitar a todos los empresarios y ejecutivos de las regiones del norte para que participen en el interesante Conversatorio sobre los efectos de un eventual Royalty Minero, que ha organizado la Asociación de Industriales de Iquique. Por el interés y relevancia de esta materia, recomendamos la participación en esta iniciativa, que se llevará a efecto el miércoles 19 próximo a las 11 horas”.

La transmisión será abierta a todo público a través del canal de YouTube de la Asociación de Industriales de Iquique A.G., en el link

https://www.youtube.com/watch?v=GP11s5KDIfM, mientras que los medios de comunicación podrán acceder a la sala de prensa del webinar vía zoom para realizar directamente sus consultas a los panelistas.

Más información o consultas de participación:

AII            :        polivares@industriales.cl

AIA           :        dgonzalez@aia.cl

CORPROA  :        chripalma@gmail.com

CIDERE     :        pamela@cidere.cl

El conjunto de organizaciones académicas, ciudadanas y gremiales llamó además a suscribir seis directrices fundamentales para un buen gobierno comunal y regional.

Su reconocimiento a las y los candidatos que enviaron sus programas de administración para los distintos cargos a llenar en las próximas elecciones de este 15 y 16 de mayo realizó “Antofa ¿Cómo Vamos?”. La iniciativa, que permite revisar las propuestas en su sitio web apunta a hacer un monitoreo y análisis al cumplimiento de las iniciativas y compromisos públicos y privados para mejorar la calidad de vida en la región de Antofagasta.

De esta manera, Manuel Torres, presidente del Consejo Ciudadano, organismo participante de la iniciativa, expresó que la plataforma, además de servir para consultar ideas y propuestas antes de la votación, podrá ser utilizada para tener un registro de lo propuesto por cada representante y que lo pueda cumplir en su mandato. “Tenemos el convencimiento que una de las decisiones más relevantes que podemos tomar como ciudadanos es elegir buenas autoridades, y en dicho sentido consideramos que es nuestro deber ético y social hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir con dicho objetivo”, indicó Torres.

Firma de directrices

El representante profundizó además respecto a la invitación abierta a adherir a la propuesta Directrices Fundamentales para un Buen Gobierno Regional y Comunal que hizo “Antofa ¿Cómo Vamos?”, acción de seis lineamientos clave que busca instalar una política de probidad y transparencia de aplicación universal; trabajar con una visión de largo plazo; una articulación con todos los actores de la comuna y la región, integrando mecanismos democráticos como plebiscitos y presupuestos participativos, además de una efectiva rendición de cuentas públicas.

El documento fue firmado por 45 organizaciones y candidaturas, destacando a Marco Antonio Díaz (RN), Ricardo Díaz (PRO), Claudio Lagos (FRVS) y Paula Orellana (RD) respecto a los aspirantes a la Gobernación Regional. Las candidaturas a constituyentes que la suscribieron son Raúl Catalán (IND); Kenin Cerda (Comunes); Dayyana González (IND); María Angélica Ojeda (PC); Rosana Olivares (IND); Pablo Rojas (IND); Marcela Ruz (Republicanos); y Berta Torrejón (PI).

En cuanto a las candidaturas municipales fue suscrita por Pablo Iriarte (PC), Fabián Ossandón (IND) y María Inés Verdugo (IND) en Antofagasta; Rodrigo Sánchez (RN) de Mejillones; y Jaime Rojas (Comunes) de Tocopilla. Sólo los candidatos a concejal, Paz Fuica (RD), Gonzalo Pavez (Comunes) de Antofagasta e Iván Mella (IND-RD), de Calama, se sumaron.

Mapa Regional de Programas

En la categoría de concejales sólo 33 candidaturas de toda la región enviaron sus programas, mientras que el 98% de las y los postulantes la Convención Constitucional ofrecieron sus lineamientos. Por otro lado, la totalidad de las candidaturas a la Gobernación Regional entregaron sus ideas: Lester Calderón (PTR), Marco Antonio Díaz (RN, Ricardo Díaz (PRO), Claudio Lagos (FRVS) y Paula Orellana (RD).

En el ámbito municipal Calama fue el única comuna en la que todas sus candidaturas accedieron a compartir sus documentos, contando con el concurso de Daniel Agusto (RN), Miguel Ballesteros (RD), Eliecer Chamorro (FRVS), Carolina Latorre (DC), Dinka López (IND), Jorge Olivares (IND) y Ledy ossandón (IND). El 86% de las candidaturas al municipio de Antofagasta entregaron sus programas, contando con la participación de Wilson Díaz (PS), Pablo Iriarte (PC), Fabián Ossandón (IND), Roberto Soto (UDI), maría Inés Verdugo (IND) y Sebastián Videla (IND).

En Tocopilla el 83% de los postulantes participó de la iniciativa, sumando a Juan Arriaza (IND), Gonzalo Covarrubias (IND), Ljubica Kurtovic (IND), Jorge Pérez (RN) y Jaime Rojas (Comunes), y en Taltal el 60% de las opciones mostró sus programas: Guillermo Hidalgo (IND), Patricia Mujica (IND) y Sergio Orellana (PR), igual porcentaje alcanzado en San Pedro de Atacama, donde las candidaturas que participaron fueron Manuel Garrido (IND), María Teresa Véliz (PR) y Jorge Zuleta (IND-FRVS).

En Mejillones el 50% de las candidaturas lo hicieron, contando con las propuestas de Marcelino Carvajal (PPD) y Enrique Venegas (IND), mismo porcentaje exhibido en Ollagüe, con la participación de Yessica Mamani (FRVS)y Humberto Flores (IND). En María Elena sólo Cristian Garrido (25%) envío sus planes para la comuna, mientras que en Sierra Gorda únicamente Adriana Rivera (33%) proporcionó los suyos.

Origen de la iniciativa

Cabe señalar que “Antofa ¿Cómo Vamos?”, fue creado por la necesidad de diálogo y entendimiento tras el estallido social de octubre de 2019. Tiene la finalidad de hacer un seguimiento y analizar los compromisos públicos y privados para mejorar la calidad de vida de la Región de Antofagasta, y esta está compuesta por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA); Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta; Cámara de Comercio y Turismo de Antofagasta; Consejo Ciudadano de Antofagasta; el Colegio de Profesores Comunal Antofagasta; Unión Comunal de Juntas de Vecinos Antofagasta; Universidad Católica del Norte; Universidad de Antofagasta; y la Universidad Santo Tomás.

Frente al debate en torno a la posibilidad de implementar una Ley de Royalty Minero, los gremios industriales de la Macro Zona Norte declaran lo siguiente:

El cobre, el litio y otros materiales son vitales para las economías de las regiones mineras y para el país.

Creemos que la actual discusión tributaria arriesga, una vez más, perder una oportunidad muy importante para el país, como está sucediendo con otros rubros regionales, como la pesca.

En este sentido, consideramos que el impuesto discutido carece de toda proporción, donde no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas.

De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos.

En estas condiciones, la minería – que además tiene contratos firmados con el Estado- no solo dejaría de ser competitiva internacionalmente, sino que – en el corto plazo- seríamos testigos de la destrucción de una industria que por décadas ha contribuido al desarrollo nacional y que, además, sostiene el crecimiento y desarrollo de las regiones mineras. Todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes), sus trabajadores y familias de nuestras regiones se verían seriamente afectados de aprobarse este proyecto de ley.

Como gremios regionales (alrededor de 700 empresas asociadas, con aproximadamente 93.000 trabajadores), les recordamos que en los períodos de gran recaudación fiscal por la minería, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos y no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal. El proyecto aprobado va en la misma línea, ya que señala claramente que los fondos recaudados van al erario nacional y no directamente a las regiones.

La economía nacional actual y post pandemia, así como la minería tanto pública como privada, requieren de certezas y estabilidad, lo cual incluye el tema tributario y el adecuado valor compartido de sus riquezas.

Creemos que se está discutiendo este tema con un claro sesgo compensatorio o transaccional, lo que se ve expresado en las discusiones políticas parlamentarias con claras visiones dogmáticas, las cuales parten de ciertos pilares errados, lo que llevaría a conclusiones que pondrán en peligro la actividad y su ecosistema de proveedores.

Hacemos el llamado urgente al Gobierno, y en especial a nuestro parlamentarios, a convocar a una “Comisión técnica y especializada”, que pueda analizar y recoger las visiones de todos los sectores involucrados (nacionales y regionales) y las implicancias de la normativa en proyecto, de manera de elaborar una propuesta real y objetiva que permita alcanzar los objetivos tributarios, a la vez que otorgue estabilidad y proyección al sector, así como también a su enorme cadena de empresas dependientes, trabajadores y familias.

Asociación de Industriales de Iquique A.G. (AII)

Asociación de Industriales de Antofagasta A.G. (AIA)

Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA)

Un royalty a la minería debe ser capaz de compatibilizar el objetivo recaudatorio con la sustentabilidad de la actividad productiva afecta. Si no es así, no sólo no se cumplirá la sustentabilidad de la recaudación y beneficios sociales asociados, sino que se afectará negativamente la producción, empleo e ingresos de las familias que trabajan en ese sector y sus encadenamientos. Para el caso de las regiones mineras, la rigurosidad del análisis anterior es fundamental porque un royalty desproporcionado significará que la industria pierda total competitividad, desaparezca en el mediano plazo o quede muy debilitada, con todo el impacto que esto significaría en términos de empresas proveedoras, prestadoras de servicios y todos los otros sectores productivos: comercio, construcción, servicios personales.

El proyecto de royalty aprobado en la Cámara carece de toda proporción, no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas. De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizarse el capital para pagar impuestos.

Por otra parte, debemos tener muy presente que la historia tributaria a la minería chilena demuestra que siempre ha primado un interés recaudatorio fiscal nacional. En los períodos de gran recaudación fiscal minera a nivel nacional, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos per cápita. No obstante, su gran aporte de recursos fiscales, la Región de Antofagasta no ha sido compensada en gasto e inversión fiscal. La última demostración, es el casi nulo impacto del impuesto específico a la minería (junio del 2005), en el presupuesto de la Región de Antofagasta. La inversión pública efectiva promedio, en el período 2001-2005 (antes del impuesto) fue un 3,9% del total nacional y, para el período 2006-2019 (después del impuesto) fue de un 4,2%. Es decir, no se movió.

Se debe estudiar el financiamiento para las demandas sociales y para las regiones mineras que aportarían los recursos, sin que esto signifique que desaparezca la industria, el empleo y los ingresos de las familias. De acuerdo a los estudios profesionales y simulaciones técnicas aplicadas a la minería chilena, la actual propuesta de royalty minero significaría que Chile y, particularmente las regiones mineras, destacando a Antofagasta, tendría un impacto demoledor en el sector y todos los encadenamientos económicos y sociales que nosotros conocemos bien.

Se trata de seis lineamientos relacionados con probidad y transparencia, consulta vinculante y trabajo colaborativo, entre otros.

Una invitación a organizaciones sociales y las diversas candidaturas políticas para firmar una propuesta de Directrices Fundamentales para un Buen Gobierno Regional y Comunal hizo “Antofa ¿Cómo Vamos?” de cara a las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. La iniciativa, que a la fecha cuenta con el concurso de 30 entidades adherentes, se enmarca en un compromiso ético para contribuir a un clima de cultura cívica y asegurar la participación democrática de la ciudadanía en la formación de políticas públicas.

Se trata de una acción que obedece a las aspiraciones fundamentales del organismo -de origen académico, ciudadano y gremial-, que apuntan a monitorear y auditar el cumplimiento de los compromisos públicos y privados, como una estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Antofagasta.

Lineamientos

“Buscamos que tanto los municipios como la persona que llegue a la Gobernación Regional puedan instalar una política de Probidad y Transparencia de aplicación universal, y que se puedan comprometer a trabajar con una visión de largo plazo, con una excelente articulación con todos los actores de la comuna y la región, dando más espacio a mecanismos democráticos como plebiscitos y presupuestos participativos, y con una efectiva rendición de cuentas públicas de sus gobiernos”, enfatizó Manuel Torres, presidente del Consejo Ciudadano de Antofagasta, organización participante de “Antofa ¿Cómo Vamos?”.    

Las organizaciones y candidaturas interesadas en conocer las directrices pueden visitar el siguiente enlace, así como escribir al siguiente correo electrónico en caso de consultas: contacto@antofacomovamos.cl.

Programas y diálogo

La semana pasada la plataforma social presentó los resultados de su “Mapa Regional de Programas”, correspondiente a un resumen con la cantidad de candidaturas que compartieron sus propuestas para integrar los municipios y concejalías, así como la Convención Constitucional y la Gobernación Regional de Antofagasta. Fue con las representantes para dirigir esta última institución que se organizó un diálogo virtual, el cual incluyó consultas ciudadanas y espacio para explicar sus ideas.  

Origen e integrantes

“Antofa ¿Cómo Vamos?” nace a partir de los profundos cambios que comenzó a vivir nuestro país a fines de 2019, generándose distintos diálogos y proyectos que agruparon a la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA); la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta; la Cámara de Comercio y Turismo de Antofagasta; el Consejo Ciudadano de Antofagasta; el Colegio de Profesores Comunal Antofagasta; la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta; la Universidad de Antofagasta; la Universidad Católica del Norte; y la Universidad Santo Tomás.

Frente al clima nacional de debate en torno a la posibilidad implementar una ley de royalty minero al cobre y al litio, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) declara lo siguiente:

– Nuestro gremio, que agrupa actualmente a más de 240 empresas con presencia en la región de Antofagasta, considera que el impuesto aprobado carece de toda proporción, donde no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas.

– De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos.

– En estas condiciones, la minería, que además tiene contratos firmados con el Estado, no solo dejaría de ser competitiva internacionalmente, sino que en el corto plazo seríamos testigos de un gran golpe a la industria que por décadas ha contribuido al desarrollo de Chile, y que sostiene el crecimiento y desarrollo de las regiones mineras. Todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes; sus trabajadores; y familias de nuestra región se verían seriamente afectados de aprobarse este proyecto de ley.

– En adición a ello, como gremio recordamos que en los períodos históricos de gran recaudación fiscal minera a nivel nacional, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos per cápita. No obstante su gran aporte de recursos fiscales, las zonas mineras no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal.

– Nuestra prioridad es la reactivación económica y social, así como la normalización productiva post Covid-19. Esa es la mejor forma de seguir promoviendo la contratación local de mano de obra y empresas regionales, contribuyendo así al desarrollo de nuestra región.

– Recordamos a nuestros parlamentarios que nuestro territorio ya ha sufrido demasiado el impacto social y económico a causa de la pandemia. En los momentos más duros la tasa de desocupación regional se elevó al 13%, y más de 12.000 de nuestros trabajadores se tuvieron que acoger a la ley de protección del empleo.

– En Antofagasta sabemos que el principal impulso al empleo es la inversión minera y el impacto multiplicador que esta genera. Nuestro llamado es a discutir sobre la carga tributaria de esta industria de manera informada, sin arriesgar su crecimiento sostenible y el de todos los encadenamientos productivos que giran en torno a ella y el empleo e ingresos de las familias.

Directorio AIA

Antofagasta, jueves 6 de mayo de 2021