Columna para El Mercurio de Antofagasta. Marko Razmilic, presidente AIA.
Estamos a punto de cumplir dos años desde el inicio de un proceso sociopolítico que concluirá en cambios determinantes y sustantivos para las próximas décadas. Como país hemos depositado la confianza en la Convención Constitucional, de la cual se espera que construya los consensos de alta profundidad estratégica que nos permitan recuperar el necesario horizonte de certidumbre y confianza para responder a las actuales necesidades económicas, sociales, territoriales, políticas y culturales del país.
En este proceso, desde el sector empresarial hemos marcado énfasis, entre otros, en la importancia de garantizar aspectos básicos como el derecho a la libertad de emprendimiento y asociación; derecho de propiedad privada; fortaleza institucional; provisión mixta de bienes públicos; y, por supuesto, la descentralización, camino latamente impulsado por nuestro gremio desde su origen, un 4 de octubre de 1944.
El rol de las y los convencionales constituyentes es fundamental para abrir los cerrojos centralistas y permitir una descentralización real. Es cierto que la Convención no tiene una varita mágica, y que la larga lista de cosas por hacer deberá ser viabilizada vía leyes y reglamentos, generales y simples, con el concurso de los poderes del Estado. Para garantizar que este ejercicio post constituyente se haga sin Enclaves Centralistas es necesario asegurar en la Convención la denominación explícita de Chile como un Estado Unitario Descentralizado, donde coexistan en un mismo nivel el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos -ya no administraciones- Municipales, cada uno con claras competencias y financiamiento descentralizado debidamente asegurado.
De esta manera, podremos avanzar gradualmente hacia los derroteros que nos hemos planteado durante tanto tiempo y que serán materia post constituyente; por ejemplo, el fortalecimiento de las competencias y mayores recursos para los gobiernos regionales y municipales; la descentralización decisional y financiera de las seremis y direcciones de servicios, con una mención especial para Bienes Nacionales y la administración del borde costero; el uso de incentivos tributarios para la localización de empresas en regiones, y la consecuente destinación regional de una fracción de tributos; y -por último-, así como lo estamos promoviendo y acordando en el sector privado, el Estado y sus licitaciones y compras públicas debe ponderar especialmente a los proveedores regionales, que son el motor del país.
Se trata de una tarea que nos necesita en unidad regional y nacional y que demandará de nosotros una alta capacidad para el diálogo y la cooperación, una tarea también para la próxima elección presidencial, parlamentaria y de consejos regionales.
